Atendiendo la solicitud de una fiscal de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías ordenó privar de la libertad en centro carcelario a ocho presuntos integrantes de la organización delincuencial Callejeros.
Se trata de José Libardo Cardona García, Rubén Darío Rodríguez Posada, María Teresa Mosquera, Carmen Emilia Marín Vergara, Francisco Javier Botero Palacio, Nelson Fabio Torres Daza, Luis Miguel Laverde Castañeda y Diego Fernando Correa Cardona.
Estas personas, al parecer, harían parte de la organización delincuencial que contaba con roles definidos y líneas de mando para, presuntamente, comercializar estupefacientes y atemorizaran a expendedores de otras organizaciones; muchos de los cuales habrían sido reclutados.
A esta red narcotraficante se le atribuye la comercialización de cocaína en el municipio risaraldense de Belén de Umbría; lo cual, le generaría a la red criminal ganancias de cerca de 25 millones de pesos mensuales.
Al parecer, desde marzo de 2021 a la fecha, los integrantes de la banda criminal venderían cocaína en vías públicas del sector de Trocaderos y además distribuirían la sustancia ilegal a domicilio.
El Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIJIN Deris de la Policía Nacional adelantaron las diligencias de allanamientos en Belén de Umbría y realizaron las capturas de los procesados.
Por estos hechos el ente acusador imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ninguno de los cuales fue aceptado por los procesados.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
DSR/CLCG/MAGA/AMBV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
