La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho mujeres trans que habrían conformado una banda delincuencial para, supuestamente, cometer hurtos, especialmente a extranjeros.
Los hechos se presentaron en el barrio El Poblado de Medellín y estarían implicadas Sofía Vargas (Isaías Vargas Ramírez), Vanesa Vélez (Dilan Estiuar Vélez Álvarez), Nicol Guaca (Víctor Alberto Guaca Vargas), Estefanía Suaza (Jonatan Suaza Gutiérrez), Estefanía Cabrera (Anderson Cabrera Díaz), Yuliana Palacios (Osneyder David Palacios Castillo) y Sara Cardona (Diego Alejandro Cardona).
A las procesadas, con identidad de género femenino, la Fiscalía les imputó cargos por uso de menores para la comisión de delitos de hurto calificado y agravado; y concierto para delinquir. Lo propio sucedió con María Valentina Velásquez (mujer cisgénero).
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), entre el 4 de octubre de 2020 y el 9 de mayo pasado las procesadas habrían hurtado a, al menos, 19 transeúntes de la zona rosa del barrio El Poblado, sur de Medellín.
Labores de policía judicial evidenciaron que las procesadas, al parecer, abordaban a las víctimas para, supuestamente, ofrecerles servicios sexuales. En ese momento les obstruían el paso y mediante distintas distracciones se apoderaban de sus celulares y demás pertenencias con las que poco a poco desaparecían. Se presume que en dos hechos participaron menores de edad.
Entre las víctimas, todas de sexo masculino, figuran ciudadanos de Estados Unidos, México, Israel, Turquía, Alemania; además de colombianos.
Las investigadas fueron capturadas por servidores del grupo contra atracos de la Sijín de la Policía Nacional. Ninguna de las procesadas aceptó su responsabilidad en los hechos.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/ MAGA/PAM/DSM/MN/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.