La víctima recibió una llamada donde aseguraban que un familiar suyo había sido capturado por un homicidio. Tras enviar el dinero, se dio cuenta que la habían engañado.
Labores investigativas adelantadas por una fiscal especializada fueron suficientes para que un juez avalara la solicitud de dictar medida de aseguramiento intramural en contra de Asbleidy Talia Vásquez Betancourt por el delito de extorsión agravada.
Los hechos materia de investigación se habrían presentado el 6 de noviembre de 2021 en el barrio La Selva de Sincelejo cuando la víctima empezó a recibir llamadas desde una línea telefónica donde le informaban que un familiar había sido capturado por movilizarse en un carro con el cual habría arrollado a una persona.
El interlocutor le exigió a la mujer, de 69 años, la suma de $9 millones con la condición de no dejar que su familiar fuera enviado a prisión. Ante la negativa de la mujer al no contar con ese dinero, acordaron que les entregaría 300 mil pesos y que debía girarlos a nombre de la hoy imputada.
Minutos más tarde la volvieron a llamar y en tono amenazante le exigieron que debía cancelar nuevamente la suma de 300 mil pesos, en medio de intimidaciones y amenazas por lo que la víctima accedió a enviarlos.
Sin embargo, al momento de reclamar el dinero, Vásquez Betancourt entregó todos sus datos, información que fue clave para la investigación.
Funcionarios del Gaula de la Policía Nacional materializaron la orden de captura en contra de la procesada el 21 de marzo del año en curso en Rovira (Tolima).
Aunque aceptó los cargos endilgados, una juez penal municipal de Sincelejo (Sucre), la envió a prisión. A su vez, el ente investigador establece si la imputada estaría involucrada en otros casos de extorsión.
VHGB/FAGH/SD/FSJ/FESP/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
