Desde hace tres años Rafael Andrés Rodríguez se encontraba prófugo de la justicia por supuestamente quitarle la vida a otra persona en medio de una riña.

Luego de la solicitud de un fiscal seccional de Sincelejo, un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Rafael Andrés Rodríguez por el delito de homicidio.

En la imagen se aprecia una persona capturada entre dos policías.
El imputado tenía una orden de captura vigente cuando fue sorprendido en un bus.

De acuerdo con el ente investigador el 30 de junio de 2019 el victimario llegó a una vivienda de Guaranda (Sucre), donde se encontraba su expareja con su mamá y su padrastro. Luego de una discusión donde Rodríguez le exigía a su excompañera que se fuera con él, intervino la víctima, identificada como Rafael Antonio Martínez Martínez, siendo herido de gravedad con un arma cortopunzante.

Debido a las lesiones la víctima tuvo que ser trasladada al hospital de Magangué (Sucre), donde falleció el 18 de julio de ese año.

Tras el ataque el victimario, quien no aceptó el cargo imputado, emprendió la fuga hasta el 21 de octubre del año en curso cuando fue sorprendido por la Policía como pasajero de un vehículo de servicio público que cubría la ruta que de Barranquilla lleva a Sincelejo.

Al ver que en contra del victimario pesaba una orden de captura por homicidio los uniformados lo detuvieron y lo presentaron ante un juez con funciones de control de garantías de Guaranda.


La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

VHGB/FAGH/AJH/DSS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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