Gustavo Adolfo Chaverra Payán, alías Chaverra, presunto integrante de la subestructura Héroes del Caribe que delinque para el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en el área metropolitana de Cartagena, fue privado de la libertad por petición de una fiscal Especializada.
Labores de Policía Judicial permitieron establecer que el procesado sería uno de los sicarios de la organización delincuencial que participó en tres homicidios ocurridos el año pasado, donde las víctimas fueron dos pensionados de la Policía Nacional y un particular.
Uno de los hechos ocurrió el 23 de junio de 2022, en el barrio Las Gaviotas de Cartagena (Bolívar), donde fue asesinado Luis Ernesto Marques Acosta, alias Gordito Flow. Asimismo, se estableció que, en el barrio Blas de Lezo, tres días después habría herido con arma de fuego a Jorge Luis Torres Arzusa y Leonardo Pérez Álvarez, causándoles la muerte.
Según las investigaciones, el hoy procesado, al parecer, era el organizador del tráfico y comercialización de estupefacientes en diferentes barrios de Cartagena, bajo el mando de alías Camilo. Este último fue capturado y judicializado en noviembre de 2022.
Mediante orden judicial, alías Chaverra fue detenido el pasado 20 de enero, en el barrio Alcibia de esa localidad por uniformados de la Policía Nacional.
El presunto implicado, de 30 años, no aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, imputados por la Fiscalía.
Por disposición judicial su reclusión se llevará a cabo en centro carcelario de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MG/LG/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
