Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que delinquen en Planadas (Tolima). Se trata de Luis Miguel Ramírez Mejía, alias Dago; y Anyi Lorena Áviles Machado, alias La Diabla, quienes serían responsables de extorsionar a pobladores del sur del departamento.
Estas personas fueron capturadas por el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional en Villavicencio (Meta) y en zona rural de Planadas (Tolima), respectivamente.
Según la investigación, los procesados vendrían incurriendo en exigencias económicas ilegales desde el 1 de julio de 2022. Los montos rondaría los 100 millones de pesos, y sería la única manera de evitar que los asesinaran a ellos, a sus familias y a sus colaboradores.
Al parecer, ‘Dago’ y ‘La Diabla’ recurrían a panfletos para citar a comerciantes, conductores y caficultores a reuniones como la vereda El silencio donde eran abordados por personas que vestían prendas militares portando armas de fuego de largo alcance. La organización criminal habría quemado vehículos y hecho graffitis para generar pánico y zozobra en los habitantes de Planadas y sus alrededores.
Información en poder de la Fiscalía señala que alias Dago se presentaría en negocios y viviendas, mientras ‘La Diabla’ entregaba los panfletos citatorios además de llevar a las víctimas a los lugares donde se concretarían las extorsiones.
La Fiscalía les imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión, ambos agravados. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Esta información se hace pública por razones de interés general.
PAAM/LMFO/MAGA/MP/MCAA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
