Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de Cartagena, un juez de control de garantías profirió medida de aseguramiento contra cuatro personas que estarían implicadas en los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.
Los cobijados con las medidas son: Geiner José Villa Peña, Michael Andrés Ayala Gómez, Santiago José Salas Beleño y Luis Daniel Zabaleta Agamez.
De acuerdo con la investigación, estas personas integrarían un grupo delictivo dedicado a cometer homicidios en Cartagena. Estos delitos, al parecer, los cometerían a nombre del Clan del Golfo.
Uno de los actos violentos investigados estaría relacionado con los hechos ocurridos el 20 de abril último en el corregimiento de Tierra Baja, donde desconocidos llegaron hasta la residencia de Julián Bernardo Trujillo Guacaneme y le dispararon en seis ocasiones, causándole la muerte.
La investigación permitió establecer que, al parecer, los ahora procesados habrían participado en este crimen.
Los procedimientos de captura de estas personas estuvieron a cargo de la Policía Nacional.
Durante las audiencias de control de garantías los investigados negaron su responsabilidad en los cargos imputados.
Por determinación del juez de control de garantías los procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Ternera de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General habla con resultados.
Le puede interesar:
La Fiscalía judicializó a dos presuntos homicidas en Norte de Santander
A la cárcel hombre, que presuntamente, participó en un crimen en Carmen de Atrato (Chocó)
MEVA/MAGA/OM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
