Según la investigación el imputado sería responsable de extorsiones a comerciantes, ganaderos e ingenieros en los municipios de Tolú, Coveñas y San Antonio de Palmitos, entre otros.
Argumentos y material probatorio suficiente presentado por una fiscal especializada permitieron que un juez dictara medida de aseguramiento intramural en contra de Nicolás de Hoyos Terán, alias William o El Calvo, por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
El ente investigador pretende demostrar que el hoy imputado sería cabecilla o jefe financiero de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, en la subregión del Golfo de Morrosquillo la cual tendría injerencia en los municipios de Tolú, Coveñas y San Antonio de Palmitos (Sucre).
En esos lugares estarían realizando acciones extorsivas en contra de comerciantes, ganaderos, propietarios de locales comerciales, finqueros e ingenieros en obras públicas. Los hechos materia de investigación habrían ocurrido entre enero y noviembre del año anterior.
A su vez, alias William estaría delinquiendo en la organización con más de 18 personas, quienes cumplen diversos roles dentro de la misma y las cuales exigirían entre 200 y 300 mil pesos mensuales para que las víctimas pudieran trabajar o en caso contrario atentarían contra su vida o la de sus familiares.
Se indaga también si en las reuniones que, al parecer, desarrollaban en un restaurante de Coveñas y en donde pagaban la nómina e indicaban cuales serían las personas a extorsionar, citaban a sus víctimas junto con alias La Mona, cabecilla militar del grupo, ya capturada.
Tras su captura el 16 de julio en curso, en una buseta que recorría la ruta Turbo-Necocli (Antioquia) y luego de las audiencias concentradas, donde no se allanó a cargos, un juez Bacrim lo envió a prisión.
La Fiscalía habla con resultados.
VHGB/SD/FSJ/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
