En otro proceso judicial el sentenciado fue encontrado responsable por la muerte de otro transportador, y del intento de homicidio de un tercer mototaxista.
Los argumentos y la evidencia física recaudada por la Fiscalía permitieron que el procesado aceptara su responsabilidad en la muerte de Gildardo Cuervo Cadavid.
La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez con funciones de conocimiento condenara a ocho años y ocho meses de prisión a José Franquín Vidal Vargas, como responsable del homicidio de un mototaxista en Dosquebradas (Risaralda).
Según la investigación, el 17 de junio de 2022 el sentenciado requirió los servicios de Gildardo Cuervo Cadavid quien se desempeñaba como mototaxista, y en tal condición le pidió que lo transportara a Dosquebradas.
Un fiscal adscrito a la Seccional Risaralda demostró con suficiencia probatoria cómo en la vereda Filo Bonito el hoy sentenciado obligó al conductor de la moto a detenerse, descendió del vehículo y lo agredió en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante. Esto provocó la muerte del transportador.
Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Risaralda y la (SIJIN) de la Policía Nacional determinaron que el condenado usaba un mismo modus operandi en delitos similares.
El reciente fallo judicial se suma a la condena a 35 años de prisión que le fue impuesta a Vidal Vargas por el homicidio de Adiela García, una mototaxista de 50 años perteneciente a la comunidad LGTBIQ+. Este hecho tuvo lugar el 4 de mayo de 2022 en Santa Rosa de Cabal.
Vidal Vargas también fue judicializado por el intento de homicidio de Rigoberto Toro Castro, mototaxista de 42 años, quien fue agredido por el 4 de abril de 2022, también en Santa Rosa de Cabal.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
