En otra decisión, también fue sentenciado un hombre por el asesinato de un ciudadano en El Peñón (Bolívar).

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de conocimiento condenaran a dos hombres quienes, en casos independientes, incurrieron en delitos contra la vida. Los crímenes se registraron en el municipio de El Peñón y Cartagena (Bolívar).

En uno de los casos fue sentenciado a 20 años y 8 meses de prisión un hombre responsable del delito de tentativa de homicidio agravado. La determinación se relaciona con hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2014 en el barrio Getsemaní de Cartagena. En medio de una discusión el ahora condenado, de 40 años, hirió con arma blanca a su expareja. La mujer, que para entonces tenía 24 años, fue trasladada a un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones. Esta sentencia fue apelada por la defensa del procesado.

En otro proceso, y tras avalar el preacuerdo que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado suscribió Fredy Cañizares Lázaro con la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento lo condenó a 8 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio.

El hecho violento se presentó el 7 de febrero de 2025 en el corregimiento Buenos Aires, jurisdicción de El Peñón (Bolívar). Allí, en estado de alicoramiento y en medio de una riña Cañizares Lázaro asesinó a un hombre con un arma blanca. La Policía Nacional fue la encargada de capturar en flagrancia al ahora condenado. Durante la audiencia de juicio el sentenciado pidió disculpas públicas a la familia de la víctima por el daño causado.

MEVA/MAGA/RF/ML/EGM/DSB

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.