El hombre y la mujer habrían alojado en una finca a 13 adultos y 3 menores de Uzbekistán y Tayikistán, quienes iban a ser trasladados al parecer a panamá 

Luis Alberto Guerra Cristancho y Leidy Vanesa Castro León fueron asegurados por el Juzgado Séptimo Penal, luego que la Fiscalía les imputara cargos como presuntos coautores del delito de tráfico de migrantes, durante las audiencias concentradas.

Luis Alberto Guerra Cristancho y Leidy Vanesa Castro León fueron asegurados por tráfico de migrantes en Buenaventura, por alojar al parecer en una finca a 16 personas de Uzbekistán y Tayikistán, quienes ingresaron ilegalmente al país.

Guerra Cristancho fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras que Leidy Vanesa Castro, su esposa, fue privada de la libertad en lugar de residencia.

La pareja fue capturada el pasado 26 de febrero en el sector de Gamboa en Buenavenrura (Valle del Cauca), por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación junto con unidades del Gaula Militar, en una finca en donde fueron encontradas 13 personas adultas y 3 menores de las exrepúblicas soviéticas de Uzbekistán y Tayikistán, quienes ingresaron ilegalmente al país.

Los 16 extranjeros, 13 adultos y 3 menores de edad, fueron puestos a disposición de Migración Colombia para ser deportados hacia sus países de origen.

Según la investigación, en la finca los procesados les procuraban alojamiento y alimentación. Y hasta allá llegarìa otra persona que se encargaba de cobrarles en dólares por estos servicios. Posteriormente, al parecer iban a ser entregados a una organización trasnacional para llevarlos hasta Panamá y seguir la ruta hacia Estados Unidos.

Dentro del inmueble los servidores del CTI incautaron 7’700.000 pesos y 2.250 dólares. También billetes de otras nacionalidades y 4 teléfonos celulares.

La Fiscalía habla con resultados 

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JGP/GAJ/CFG

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004