La procesada, al parecer, seleccionaba a las víctimas desde una estación de gasolina en Tunja (Boyacá) donde trabajaba.
El trabajo articulado entre la Seccional Boyacá de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, permitió judicializar a Sandra Patricia Moreno Amaya, alias Paty, presunta responsable de facilitar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y contratistas de Boyacá.
La mujer habría posibilitado la ocurrencia de distintos delitos en zonas rurales de Tunja, Chiquinquirá y Sáchica (Boyacá). El ente acusador determinó que la procesada, al parecer, aprovechaba su trabajo en una estación de servicio para indicarle a otras personas quiénes podrían ser víctimas de delitos.
Una vez ubicadas las posibles víctimas, varios hombres las intimidaban con armas de fuego; y luego las llevaban a zonas despobladas donde eran agredidas y hurtaban sus objetos de valor; incluidos los vehículos.
El más reciente hecho delictivo habría ocurrido el pasado 19 de junio cuando una pareja fue detenida en sector rural de Sáchica. Los ciudadanos fueron retenidos por más de siete horas; periodo durante el que los golpearon en repetidas oportunidades, luego huyeron.
Por estos hechos la mujer fue imputada con los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado; cargos que no fueron aceptados. Por petición de la Fiscalía, la procesada deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Dos de los presuntos cómplices de las acciones ilegales fueron judicializados el pasado mes de junio en Chiquinquirá (Boyacá). Se trata de Cristian David Toro Rodríguez y a Rodolfo Andair Bernal Morales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/DMR/SFB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
