Con medida de aseguramiento privativa de la libertad fue afectada Luz Mary Salas Moreno, a quien la  Fiscalía General de la Nación investiga como presunta responsable de hurtar residencias, mediante el suministro de medicamentos para sedar a sus víctimas, en Cali (Valle del Cauca).

Un juez acogió la solicitud de un fiscal de la Unidad de Hurto y Estafas de la Seccional Cali, luego de avalar la imputación de cargos por el delito de hurto calificado y agravado.

El material probatorio da cuenta que la mujer presuntamente ofrecía sus servicios como empleada doméstica, especialmente a mujeres de la tercera de edad, de estratos 5 y 6, a quienes, al parecer, les hacía consumir medicamentos camuflados en los alimentos para adormecerlas y posteriormente hurtares sus elementos de valor.

Se estableció que los hechos ocurrieron en Cali y Palmira, desde el año 2015 hasta la fecha. El monto de los elementos hurtados supera los 1.500 millones de pesos, entre los que se destacan dinero en efectivo, joyas de oro, diamantes, esmeraldas, relojes y celulares de alta gama.

La Fiscalía le endilga a la hoy imputada 13 casos de hurto a residencias: 12 en la capital vallecaucana y 1 en Palmira, mediante la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de la Sijin de la Policía Nacional.

La mujer fue capturada en el departamento del Chocó, el pasado 7 de mayo, con orden judicial. En desarrollo de las audiencias concentradas un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.