Un fiscal de la Unidad de Vida, con apoyo del CTI de Bogotá, logró la judicialización de Johan Esteban Posada Cuellar, por presuntamente abusar sexualmente y envenenar a una menor de 13 años.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, se presume que este hombre conoció a la niña en el año 2018 a través de una red social. Sin embargo, fue hasta el año 2021 que se habrían encontrado en un parque en el sur de la ciudad. Después de ganarse la confianza de la menor, al parecer la llevó hasta su apartamento, la amarró de pies y manos y la habría accedido carnalmente.

Días después, el presunto agresor contacto a la víctima desde un número celular diferente, y al parecer la amenazó que si no se veían atentaría en contra de su mamá y su hermano. Según la investigación la menor habría accedido nuevamente para encontrarse con su victimario, quien la habría llevado a su apartamento, donde se presume que la amenazó con armas cortopunzantes y una jeringa, y fue allí donde la habría obligado a tomarse un veneno.

El 7 de septiembre de 2021, se hizo efectiva la orden de captura en contra de Posada Cuellar en el barrio México de la localidad de Ciudad Bolívar.

En audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló imputación por los delitos acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado en la modalidad de tentativa, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

El Juez 51 Penal Municipal con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, avalando la solicitud del ente investigador.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados

 

LMFO/EFCS/FAGH/MRC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.