La Fiscalía logró la judicialización de Alfredo Miguel Vivanco Hernández, quien presuntamente, agredió en varias ocasiones a un hombre con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte.
De acuerdo con la investigación realizada bajo la coordinación de una fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial SIJÍN, se conoció que el día 6 de septiembre de 2021, en horas de la madrugada, en vía pública del barrio Lisboa de la localidad de Suba, un hombre fue víctima de hurto de su celular por parte de otra persona, al parecer, opuso resistencia y se generó un forcejeo, en el cual recuperó el teléfono.
La víctima reconoció a su agresor y, sin perderlo de vista, lo persiguió en compañía de un amigo. Llegaron a un establecimiento de comercio, tipo bar, en vía pública se provocó una discusión, el hoy occiso lanzó un elemento y rompió un vidrio del lugar, donde presuntamente se escondía el asaltante.
Del lugar salió, aparentemente, Vivanco Hernández y con un puñal atacaría al hombre en varias oportunidades, heridas que le produjeron la muerte.
El día 12 de febrero se hizo efectiva la orden judicial en contra de Alfredo Miguel Vivanco Hernández.
En audiencias preliminares se legalizó la captura. La Fiscalía formuló imputación en contra del procesado por el delito de homicidio agravado. Dicho cargo no fue aceptado por Vivanco Hernández.
Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/NSRQ/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
