Un fiscal de la Seccional Risaralda logró que un juez de control de garantías de Dosquebradas (Risaralda) impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Andrés Mejía Soto, como posible responsable de retener a su jefe, a quien además habría intentado asesinar para hurtarle sus pertenencias.

Se observa el capturado de frente y a cada costado un uniformado de Policía Nacional.  Atrás un pendón de Policía Nacional
Jhonatan Andrés Mejía Soto aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple y hurto calificado.

Según la investigación, el 18 de noviembre de 2023 el procesado retuvo a su jefe en una finca ubicada en la vereda La Independencia del sector Alto del Nudo, en el municipio de Dosquebradas.

Labores de policía judicial evidenciaron que Mejía Soto habría herido a la víctima en múltiples oportunidades; además de haberla atado y retenido por varias horas.

Se presume que la víctima fue amenazada reiteradamente para que entregara el dinero en efectivo, las tarjetas de crédito y sus respectivas claves, además de objetos y los documentos personales, so pena de ser asesinado.

Un descuido del presunto agresor permitió que la víctima huyera del lugar y se refugiara en una finca cercana donde vecinos del sector lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial donde fue atendido.

La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía posibilitó que Mejía Soto aceptara su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple y hurto calificado.

 

Esta información se publica por razones de interés general

 

 La Fiscalía habla con resultados.

 

 

CLCG/MAGA/CABS/DSR

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004