Fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Un fiscal de la Dirección contra el Narcotráfico presentó ante un juez de control de garantías a tres trabajadores de una empresa portuaria de Buenaventura (Valle del Cauca), que estarían involucrados en el camuflaje de cargamentos de clorhidrato de cocaína en contenedores que salían rumbo a Panamá, México, Estados Unidos, Portugal, España e Israel.
En el curso de la investigación se estableció que estas personas, mientras se desempeñaron como inspectores civiles y cargueros, habrían permitido que los alijos entraran a la zona de cargue de la terminal marítima y facilitado el ocultamiento entre diferentes productos nacionales que salían a destinos internacionales específicos.
Los presuntos implicados en la actividad ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Buenaventura, gracias al trabajo conjunto realizado con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Los detenidos fueron identificados como Deymar Andrés Torres Gallón, John Jaime Riascos Angulo y Cristian Alberto Alomía Sinisterra. La Fiscalía les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
El cargo que no fue aceptado por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/RL/LFH/DECN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
