Apoyado en las evidencias recaudadas durante la investigación, un fiscal local de la Unidad de Hurtos imputó cargos a cuatro presuntos integrantes de la banda Los Perros Locos, tres de ellos familiares, como presuntos coautores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Un juez penal con control de garantías de Yacuanquer dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario contra Richard Segundo Insuasty Males, Eduardo Andrés Insuasty Males y Segundo Julio Insuasty.
En contra de Lesvin Nayely Guerrero Carlosama, aunque el juez penal avaló la imputación de cargos en su contra, decidió dictar medida no privativa de la libertad por su condición de madre lactante, aunque sigue vinculada al proceso penal.
Según la investigación, los Insuasty Males presuntamente estarían dedicados a la distribución y comercialización de estupefacientes entre la población joven de esta municipio, en la modalidad de menudeo.
La Fiscalía pudo establecer durante el proceso que los cuatro asegurados son reincidentes en el delito imputado y se encontraban en sus residencias cumpliendo el beneficio de casa por cárcel.
Sin embargo, servidores del CTI pudieron establecer que salían de sus residencias a comercializar los estupefacientes no solo en Yacuanquer sino en municipios vecinos como Tangua y Guatarilla.
Los hermanos Insuasty Males y Lesvin Guerrero fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de agentes de la Policía Nacional, durante operativos de registro y allanamiento, en los que fueron incautados marihuana.
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La Fiscalía habla con resultados
JGP/FAGH /LVB/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
