Al parecer, los procesados escondían sustancias ilegales en sus partes íntimas, su ropa y zapatos para burlar el control de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Sijín de la Policía de Bogotá, judicializó a Yeison David Infante Mendoza, Daniela Ortiz Muñoz y Sergio Alexander Navas Aguilar; como presuntos integrantes de la organización ilegal Herodes.
La investigación adelantada por un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá evidenció cómo Infante Mendoza, Ortiz Muñoz y Navas Aguilar, al parecer, usaban carretas de reciclaje para disimular su aparente condición de distribuidores de estupefacientes, en pequeñas cantidades.
Labores de policía judicial evidenciaron que hace más de 12 meses los procesados comercializarían cocaína, bazuco y marihuana en los barrios Siete de Agosto y Alcázares de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.
Videos de cámaras de seguridad, seguimientos y testimonios recopilados por la policía judicial pusieron al descubierto la manera como los procesados, al parecer, ocultaban las sustancias ilegales en sus partes íntimas, ropa y zapatos para burlar el control de las autoridades.
La Fiscalía, entre tanto, les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados.
Tras analizar el material probatorio aportado por la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso a las tres imputadas medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.
FAGH/MAGA/JMM/SB/MCR
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
