La víctima se encontraba con una amiga en la terraza de una vivienda cuando fueron intimidados con arma blanca. Un adolescente habría participado en el homicidio.
Luego de la solicitud de un fiscal Vida, un juez decidió dictar medida intramural en contra de Luis Diego Urzola Meza, Miguel Ángel Pérez Sierra y Yen Osman López Gómez, por el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 16 de marzo del año en curso, en el barrio Las Viñas de Montería, cuando dos jóvenes, quienes se encontraban en la terraza de una vivienda, fueron abordados por los tres imputados, los cuales llegaron en dos motocicletas y luego de bajarse redujeron e intimidaron a Esteban Manuel Pérez Guerrero para hurtarle sus pertenencias entre ellas un celular, las llaves de la motocicleta y unas tarjetas bancarias.
Debido a que la víctima se habría resistido al hurto fue herido en el pecho con arma blanca y por la gravedad de las lesiones fue remitido al hospital San Jerónimo donde falleció.
El 18 de mayo en curso fue materializada la orden de captura en contra de los hoy indiciados, quienes no aceptaron los cargos endilgados por el ente investigador. Tras las audiencias concentradas ante un juzgado penal fueron enviados a prisión.
Es importante indicar que en medio del hurto, también habría participado un adolescente de 17 años de edad, quien fue aprehendido el 19 de mayo por las autoridades judiciales. Éste último aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado y fue enviado a un centro especializado.
La Fiscalía habla con resultados.
VHGB/FAGH/FJPR/CTVT/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
