La evidencia con la que cuenta la Fiscalía que demostraría que el hombre, al parecer, sometía a castigos a la niña cuando se resistía a las agresiones sexuales.

Por solicitud de un fiscal del Caivas de Funza, adscrito a la Seccional Cundinamarca, un juez con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en cárcel contra Ramiro Ibáñez quien se desempeñaba como terapeuta y cuidador de un centro de protección para menores de edad.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2022, en una institución que alberga a menores de edad que requieren protección especial y donde laboraba el presunto agresor. El material de prueba recaudado demuestra que el investigado pudo haber incurrido en actos sexuales violentos con una niña de 12 años que se encontraba interna en la fundación.

Al parecer, al procesado le era encomendado el cuidado de los adolescentes durante las horas de la noche. Este horario habría sido aprovechado por el hombre para, presuntamente, incurrir en tocamientos de índole sexual contra la víctima.

La Fiscalía cuenta con evidencia que permite establecer que la menor de edad era sometida a tratos crueles cuando se resistía a los abusos, como realizar actividades físicas hasta altas horas de la noche a manera de castigo.

Este caso fue denunciado por la víctima luego de que lograr huir de la referida institución, cuando le fue concedido un permiso para asistir a una cita médica. Solo hasta a ese momento pudo informarle a sus padres y a las autoridades lo sucedido.

El presunto agresor fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en Cota (Cundinamarca). La Fiscalía le imputó los delitos de actos sexuales violentos agravados.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

LMBG/MAGA/JIAV/CMS/SC/MRC.

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.