Los hechos investigados ocurrieron en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ‘La Variante’, en Tumaco (Nariño).

Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Manuel Panameño Arroyo por su posible responsabilidad en ataques sexuales y amenazas contra mujeres reincorporadas y familiares de reincorporados en zona rural de Tumaco (Nariño).

Los elementos de prueba dan cuenta de que estaría involucrado en, por lo menos, cuatro hechos distintos ocurridos entre abril de 2020 y agosto de 2022, en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) ‘La Variante’.

En los dos primeros eventos delictivos habría ingresado a una vivienda y violentado sexualmente a dos mujeres que estaban descansando. El tercer suceso está relacionado con presuntas intimidaciones con arma blanca contra su expareja sentimental. El cuarto hecho investigado ocurrió en agosto de 2022. Panameño Arroyo, al parecer, entró sin autorización al lugar de residencia de una joven en proceso de reincorporación, esperó a que llegara, la golpeó e intentó asfixiarla. La intervención de otras personas puso a salvo a la víctima.

La Fiscalía imputó al señalado agresor los delitos de tentativa de feminicidio agravado, amenazas, acto sexual con persona incapaz de resistir y violación de habitación ajena. Los cargos no fueron aceptados.

Esta información se pública por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

AMCJ/JARG/YAH/AAB/UEI/MRC/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.