Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Huber Adrián Valencia Hincapié y José Gregorio González Petit, presuntamente responsables de secuestrar a cuatro miembros de una misma familia en zona rural del municipio de Yolombó (Antioquia).
Los hechos investigados ocurrieron en una finca de la vereda La Floresta la madrugada del pasado 4 de junio, cuando, al parecer, varios hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN retuvieron a las víctimas y les exigieron 15 millones de pesos a cambio de no asesinarlos.
Ante las amenazas las víctimas debieron entregar 6’650.000 pesos en efectivo y una motocicleta valorada en 9 millones de pesos. Antes de abandonar el lugar los hombres fotografiaron a los integrantes de la familia y les exigieron el pago de otros 9 millones, so pena de ser asesinados e incinerar su casa.
Valencia Hincapié y González Petit fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional en la vereda El Hormiguero del mismo municipio cuando se disponían a recibir cinco millones de pesos en efectivo que habrían exigido para devolver a su propietario la moto de la que fue despojada el 4 de junio.
En la acción también fueron retenidos dos mototaxistas, quienes posteriormente fueron dejados en libertad luego de acreditar su condición de conductores de servicio público y la no vinculación al hecho delictivo.
Un fiscal especializado de Antioquia imputó a los investigados los delitos de secuestro extorsivo y extorsión, ambos agravados. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
