La víctima trabajaba como empleado en un call center que era administrado por los presuntos secuestradores.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un Juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 4 hombres, como presuntos responsables de secuestrar a uno de sus compañeros de trabajo, de 23 años de edad, a quien señalaron de apropiarse de dineros de la empresa.
Con la medida fueron afectados Christian Hernández Lerma, José Fernando Buriticá Cuero, Jaime de Jesús Bedoya y Jimmy Ibarra Núñez, trabajadores de un supuesto call center de inversiones de criptomonedas, y quienes deberán responder por el delito de secuestro extorsivo agravado.
Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San Diego de Medellín, el 18 de agosto de este año, cuando los procesados, al parecer, retuvieron en contra de su voluntad a la víctima y le exigieron la suma de 15 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida. El ofendido fue señalado de hurtar dinero producto de las transacciones digitales.
Para presionar el pago del dinero, los ilegales habrían realizado múltiples llamadas a la madre del secuestrado en las que le dejaban escuchar los maltratos físicos a los que era sometido su hijo.
Diez horas después de su retención, servidores del Gaula de la Policía liberaron a la víctima y capturaron en flagrancia a los 4 procesados. En la acción judicial se logró la incautación de 29 procesadores CPU, 48 monitores, un arma traumática, 6 celulares y el sistema de video vigilancia del inmueble.
Ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados por un fiscal especializado de la Seccional Medellín.
NAMT/JEG/LFML/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
