Los imputados no aceptaron los cargos por el delito de homicidio agravado.
Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad a José Miguel Díaz Blanco y Chainer Salcedo Acosta, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carmelo Isaac Blanco Alcázar.
Según la investigación, los detenidos abordaron a la víctima y lo atacaron con arma blanca, causándole la muerte por una herida en el abdomen. Los hechos, donde también habría participado un adolescente, ocurrieron el sábado 10 de julio en el barrio Nelson Mandela.
Gracias a los testimonios que dieron algunas personas que presenciaron el hecho, los presuntos homicidas fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional a pocos metros de donde ocurrió el ataque, y luego de que familiares de la víctima indicaran el lugar donde se escondían.
Aunque la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro médico, falleció debido a la gravedad de la herida, por lo que los hoy procesados, casi son linchados por los familiares de Mandela y la comunidad.
Durante las audiencias concentradas, Díaz Blanco y Salcedo Acosta fueron imputados con el cargo de homicidio agravado, el cual no aceptaron.
Tras la presentación de la fiscal local uno, el juez Promiscuo municipal de San Estanislao legalizó la captura e impuso la medida de aseguramiento para los presuntos homicidas en el establecimiento carcelario San Sebastián de Ternera.
La Fiscalía habla con resultados
VHGB/MG/NAG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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