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A la cárcel presuntos responsables de homicidio de líder social en los Llanos Orientales

La víctima fue encontrada cinco días después de ser reportada como desaparecida.

 

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Melo Tovar, alias Negrura; y Jaumer Fernando Piraban Barrios, como presuntos responsables del homicidio de la líder social Luz Marina Arteaga Henao.

Hernando Melo Tovar, alias Negrura; y Jaumer Fernando Piraban Barrios, serían los presuntos responsables del homicidio de la líder social Luz Marina Arteaga Henao, registrado en Orocué (Casanare).

La mujer había sido reportada como desaparecida el 12 de enero del año en curso. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado abandonado a orillas del río Meta, en la vereda La Esmeralda, en Orocué (Casanare).

Pruebas técnicas y testimoniales, permitieron establecer que estos hombres al parecer la torturaron en una vivienda y posteriormente habrían llevado el cuerpo en un vehículo hasta una canoa para que fuera arrojado al río.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Los cargos no fueron aceptados.

Luz Marina Arteaga Henao era médica de profesión, defensora ambiental y de derechos humanos, y líder de las comunidades reclamantes del proceso de restitución de tierras en las veredas Matarratón y El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta).

Esta información se publica por razones de interés general.

AMCJ/JARG/ECC/MCRC/AA/UEI/

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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