Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cinco presuntos responsables de extorsionar a un hombre, de 27 años.
Con la decisión fueron afectados Johan Alexis González Jiménez, Juan Sebastián Hidalgo Gómez, Johan Sebastián Chavarría Bonilla, Brayan Stiven Vanegas Londoño y Jerónimo Rendón Arango.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 3 de enero, en la vereda Chaparral, del municipio de Guarne (Antioquia), donde, al parecer, la víctima fue amenazada en su casa por los procesados, quienes le habrían exigido la suma de 2 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida
El hombre avisó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y capturaron a los implicados, a quienes en el momento de la requisa les encontraron un arma traumática y dinero, al parecer, producto de la exigencia económica.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, el 26 de diciembre de 2023, la víctima habría sido secuestrada en Medellín por un grupo de hombres luego de acudir a una cita para la negociación de una supuesta deuda de 15 millones de pesos que tenía un hermano suyo. En esa oportunidad, el hombre fue dejado en libertad luego de pagar 8 millones de pesos. Los captores se identificaron como integrantes de la ‘Oficina’.
Durante las audiencias preliminares, los investigados no aceptaron los cargos imputados, según sus presuntas responsabilidades individuales, por los delitos de tentativa de extorsión agravada, extorsión y secuestro extorsivo.
La Fiscalía habla con resultados
LFML/MG/LAC/DSPB/DSA
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
