Los procesados serían integrantes de las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’.

Por solicitud de fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI), jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres que estarían involucrados en afectaciones a reincorporados y líderes sociales en Antioquia y Amazonas.

Crimen de líder indígena

La Fiscalía logró la judicialización de Elías López Ayala, alias Piño, por su posible participación en el crimen del líder indígena Custodio Yucuna Tanimuca, perpetrado el 6 de junio de 2023, en el corregimiento La Pedrera, en Leticia (Amazonas).

Este señalado integrante del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc, al parecer, hizo parte del grupo armado que disparó de manera indiscriminada en contra de la víctima, quien también se desempeñaba como promotor de salud de su resguardo.

En ese sentido, alias Piño fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

A la cárcel alias ‘El Mono’

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Deyson Aldres Sepúlveda Holguín, alias El Mono, un presunto integrante del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en el asesinato de Alexander Quejada, familiar de un reincorporado, en hechos ocurridos el 6 de diciembre de 2019, en Betulia (Antioquia).

A Alias El Mono le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Esta información se pública por razones de interés general.

 

 

 

 

 

 

AMCJ/JARG/AAB/UEI/MRC/

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.