Varios locales comerciales habrían sido atacados con arma de fuego porque sus propietarios se negaron a pagar las exigencias económicas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 6 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Caparros o Los de Abajo, por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, serían los responsables de numerosas extorsiones en los municipios antioqueños de El Bagre, Tarazà y Caucasia.
Se trata de Jhonys Alberto Pertuz Díaz, Natalia Pérez Duque, Ubaldina Rosa, Julio César Payares Oviedo, Tatiana Marcela Hernández Marulanda y Pablo Antonio Rivera Moncada.
Las exigencias económicas ilegales a comerciantes y mineros de la zona, que oscilaban entre los 5 y los 100 millones de pesos mensuales, se habrían realizado entre junio de 2021 y abril del presente año.
Las labores de policía judicial permitieron determinar que varios establecimientos comerciales fueron objetos de ataques con armas de fuego porque sus propietarios, al parecer, se negaron a pagar las extorsiones.
Los investigadores establecieron que, al parecer, las mujeres prestaban sus cuentas bancarias para recibir los dineros ilícitos.
Se evidenció, por ejemplo, que a Ubaldina Rosa, de 65 años, tenía 100 millones de pesos en su cuenta, cuya procedencia no pudo justificar.
Los procesados fueron capturados por servidores del Gaula de la Policía Nacional en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. Durante las audiencias preliminares ninguno de los investigados se allanó a los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/CFG/MV/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
