El material probatorio presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales fue determinante para que un juez, con función de control de garantías, impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a cinco presuntos integrantes de la estructura disidente de las Farc conocida como comisión Alan Rodríguez de las Farc.
Estas personas serían las responsables de sostener disputas armadas en zonas rurales de Nariño por el control de la producción y tráfico de cocaína.
Las capturas se realizaron en una acción articulada de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en Roberto Payán (Nariño). En los procedimientos fueron recuperados tres menores de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
De igual manera, se incautaron 11 fusiles, 2 escopetas, 1 pistola, 82 proveedores, más de 8.000 cartuchos de distintos calibres, 8 morrales, 17 chalecos y elementos de intendencia.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Los procesados son:
- Deiver Andrés Jurado Leyton.
- Harol David Castillo Rodríguez.
- Nelson Armando Rozo.
- Juan Camilo Vanegas Silva.
- Dayanna Michel Ortega Méndez.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/JARG/DECOC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
