Los imputados tenían casa por cárcel por otro proceso donde 202 familias habrían resultado estafadas.
Un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander le imputó nuevamente cargos a los seis miembros de la constructora Proyectos y Construcciones Santander (Procosan), por su presunta responsabilidad en la estafa de 7.000 millones de pesos en el proyecto de vivienda denominado Ciudadela Los Rosales en Girón, (Santander).
El proyecto, que fue comercializado ente 2015 y 2021, y que se iba a desarrollar en la vereda El Carrizal del municipio de Girón, logró captar dinero de 398 personas que confiaron en la promesa de vivienda que les ofrecían.
Cabe señalar que estas personas se encontraban cobijados con medida de aseguramiento en su lugar de residencia desde abril del 2021, cuando fueron capturados y judicializados por las irregularidades en otro proyecto urbanístico denominado Ciudad Jardín, en el que habrían recaudado 5.364 millones de pesos afectando a 202 familias.
Los asegurados, quienes se habrían apropiado en estos dos proyectos de más de 12.000 millones de pesos, deberán responder por los delitos de estafa agravada, urbanización ilegal agravada y concierto para delinquir.
Por solicitud de la Fiscalía Gerardo Sánchez Gómez, Bernardo Celis Sanmiguel, Carlos Augusto Almeida, Martha Liliana Mantilla y Constantino Sánchez Gómez serán trasladados a centro carcelario para que cumplan con la medida de aseguramiento en su contra. Por su parte, Graciliano Gómez Díaz, continuará en su domicilio.
La Fiscalía habla con resultados.
DRA/CFG/ODA/DSSDER
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de losE hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
