A la madre del procesado se le imputaron cargos porque habría escondido un arma de fuego durante la captura de su hijo
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhon Jairo Hernández Ocando, de 48años de dad, como presunto responsable de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los hechos investigados ocurrieron en el municipio de Envigado (Antioquia) la tarde del 24 de junio de este año, cuando, al parecer, el hoy procesado dio muerte con arma de fuego a Michael Stivens Montoya Ospina. La víctima fue atacada delante de su esposa y sus dos hijos menores de edad por un hombre que portaba un bolso distintivo de una empresa de domicilios. El agresor huyo en una moto que lo esperaba cerca del lugar.
Hernández Ocando fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en vìa pública del barrio Terranova del vecino municipio de Itagüí. Durante el operativo de allanamiento y registro realizado en la vivienda del procesado, en el mencionado barrio del sur del Valle de Aburrá, Rosalía Esther Ocando, madre del presunto homicida, fue sorprendida por los investigadores cuando, al parecer, escondía una pistola entre sus senos.
A la mujer, de 67 años de edad, se le imputaron cargos por los delitos de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y ocultamiento, supresión o destrucción de elementos materiales probatorios. El juez de garantías que conoció el caso ordenó su libertad pero continúa vinculada al proceso.
Ninguno de los investigados se allanó a los cargos endilgados por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/ NAMT/ DR/ DM/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
