Entre las víctimas había una menor de seis años. Al segundo día de la retención ilegal, la mujer fue obligada a ir por dinero y joyas, mientras su esposo e hija permanecían retenidos.
Un fiscal de la Seccional Santander judicializó a Nelson Fabián Padilla García como presunto responsable del secuestro de una pareja de esposos y su hija de seis años. El procesado, al parecer, hacía parte de un grupo de hombres quienes, en tres carros, interceptaron el pasado 4 de septiembre el vehículo en que se movilizaba la familia.
Labores de policía judicial evidenciaron que los dos adultos y la menor de edad fueron intimidados con armas de fuego. A las víctimas las forzaron a ingresar a una vivienda donde los amordazaron, amarraron y les vendaron los ojos, además de despojarlos de sus pertenencias.
El segundo día del secuestro la mujer fue obligada a ir por dinero y joyas de su propiedad, las cuales debía entregarlas a los señalados secuestradores. Uniformados del Gaula de la Policía Nacional capturaron al ahora procesado cuando recibía los objetos de valor, de manos de la víctima.
La rápida acción de las autoridades permitió que los demás implicados en la retención ilegal debieran dejaran libres al padre y su hija, quienes fueron abandonados en el municipio de Floridablanca (Santander).
Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de seguramiento en centro carcelario contra Padilla García quien negó su responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado. Todas las conductas agravadas.
DRA/MAGA/WP/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
