En desarrollo de la investigación se logró establecer que, una vez el joven se encontraba en suelo, el presunto agresor le propinó varios golpes con un objeto contundente en el cráneo.
Luego de avalar los argumentos y elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Camilo Andrés Padilla Sarabia.
Esta persona, al parecer, sería el responsable de haber dado muerte a Carlos Daniel Vega Lobo, estudiante de derecho, en una zona boscosa del corregimiento Media Luna (Cesar).
Los hechos se registraron el 9 de noviembre del 2022, cuando el Padilla Sarabia, habría llegado al lugar en compañía de la víctima a bordo de una motocicleta, donde utilizando un arma de fuego le disparó por la espalda.
En desarrollo de la investigación se logró establecer que, una vez el joven se encontraba en suelo, el presunto agresor le propinó varios golpes con un objeto contundente en el cráneo, posteriormente hurta sus pertenecías, regresa a Media Luna, abandona la motocicleta llevándose el vehículo propiedad de la víctima.
Declaraciones de familiares y de un amigo del presunto victimario, vídeos fueron determinantes para la imputación.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cesar le imputó al hombre cargos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones agravado y hurto calificado.
La captura del implicado se produjo dos días después de haber sido encontrado el cuerpo del universitario, cuando portaba un arma de fuego con la que se presume fue cometido el hecho.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/AGG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.