La Fiscalía General se la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Esteban Álvarez Gómez, presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.

En el marco de la investigación se tuvo presente el 8 de febrero pasado como la fecha en que la víctima, una estilista de 37 años de edad, fue vista con vida por última vez.

Cinco días después de haber sido reportada como desaparecida, el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado con signos de violencia en el río Medellín, a la altura del municipio de Barbosa (Antioquia). También presentaba lesiones producidas por objeto contundente. Según el dictamen forense, la víctima falleció por estrangulamiento.

Una diligencia de allanamiento y registro realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la casa del presunto responsable, y en la que fueron utilizadas luces forenses, permitió que los investigadores evidenciaran manchas de sangre coincidentes con el ADN de la víctima; tal como lo determinaron las pruebas técnicas y científicas practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En el inmueble también fue recuperado un celular de propiedad de la mujer que permitió establecer aspectos claves de cara a la judicialización del procesado.

En desarrollo de la investigación se logró determinar que Álvarez Gómez tiene antecedentes por el delito de constreñimiento ilegal. Esta persona fue capturada el pasado lunes, 28 de febrero, por la Policía Nacional.

Tras escuchar los cargos en su contra el supuesto responsable del crimen no aceptó su responsabilidad en los delitos que le imputó por un fiscal del grupo de Alertas Tempranas de la URI.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LFML/MAGA/JB

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004