Información en poder de la Fiscalía evidencia que un familiar de la mujer, al parecer, escuchó una discusión entre la pareja, durante la cual el investigado la habría amenazado de muerte.

La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías de Pereira impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre, presuntamente responsable del feminicidio de su compañera sentimental.

Los hechos investigados ocurrieron en la madruga del pasado 1 de enero en la casa donde la pareja convivía, en el barrio El Plumón de Pereira (Risaralda).

Información en poder de la Fiscalía evidencia que un familiar de la mujer habría escuchado una discusión durante la cual, el ahora investigado, presuntamente amenazó de muerte a su pareja.

Al parecer, el procesado asfixió a su compañera sentimental hasta asesinarla, y posteriormente la sepultó en la sala de su vivienda. Este hecho hizo que ninguno de los parientes o amigos de la víctima supieran de su paradero.

El pasado 3 de enero uno de los familiares de la mujer ingresó a la casa donde observó el suelo de la sala removido, al igual que una pala. En compañía de otras personas decidieron excavar encontrando el cuerpo.

Servidores del CTI realizaron la inspección técnica a cadáver. Por su parte, uniformados de la Policía Nacional capturaron al procesado en el municipio de La Virginia (Risaralda).

La Fiscalía imputó al hombre como posible responsable del delito de feminicidio agravado.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

JLH/MAGA/GRM/DSR/MRC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.