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A la cárcel presunto integrante de grupo delincuencial La Oficina, dedicado a la extorsión y desplazamiento forzado

Con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado Yeirson Andrés Escobar Marín, alias Nene, como presunto integrante del grupo delictivo La Oficina, dedicado a la extorsión, desplazamiento forzado y otros delitos, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Así lo decidió un juez de control de garantías, luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, el hoy imputado al parecer estaría relacionado con actividades ilícitas como el tráfico de sustancias estupefacientes y desplazamiento forzado; al tiempo que supuestamente sería el encargado de la extorsión a víctimas previamente seleccionadas según su actividad económica.

Se presume que alias Nene realizaba amenazas, atentados con armas de fuego y/o daños a los bienes inmuebles, así como homicidios, para lograr su cometido. Además, la Fiscalía le endilga al investigado, de 27 años, varios eventos delictivos ocurridos el 31 de marzo, 1 de abril y el 21 de septiembre del 2020.

Personal adscrito al Gaula Valle de la Policía Nacional, capturó con orden judicial a alias Nene, durante una diligencia de registro y allanamiento en Tuluá.

La Fiscalía le formuló imputación de cargos al capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio; extorsión, extorsión agravada y desplazamiento forzado agravado.

El juez decidió que el presunto implicado, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

MAP/SMLR/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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