La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Edelberto Jaramillo Acuesta, presuntamente implicado en el homicidio de un ciudadano de 57 años, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de San Pedro en este departamento.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó al procesado los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos agravados. Jaramillo Acuesta fue capturado el pasado 24 de febrero en la vereda Canaguaros del municipio de Calima – Darién (Valle del Cauca).

En la fotografía se aprecia de pie, con los brazos adelante y esposado a Edelberto Jaramillo Acuesta. Viste camisa de manga larga de color rosado y jean azul claro desgastado. A sus extremos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una superficie de color verde y sobre ella hay un letrero que dice: ‘Orden Judicial’. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Policía.
Edelberto Jaramillo Acuesta, habría participado en el crimen de un hombre, al parecer, para despojarlo de su terreno, en zona rural de San Pedro (Valle del Cauca).

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el hoy imputado, junto con otra persona, habrían atacado con arma de fuego a la víctima, y posteriormente, se cree, la arrojaron en inmediaciones del ferrocarril, cerca de una quebrada. Al parecer, el crimen ocurrió porque querían despojar a la persona asesinada de un predio, ubicado en la vereda San José, jurisdicción de San Pedro.

El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso a Jaramillo Acuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

MAP/DSVC/MAGA/

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.