Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un Juez de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Víctor Alfonso Morales Arango, de 33 años; presuntamente, responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 6 de junio en la Central Mayorista de Antioquia donde murió Rubén Darío Sánchez Lemus, conocido como Chócolo, quien se desempeñaba como vendedor de frutas. Al parecer, el homicidio fue causado por Morales Arango quien habría disparado contra la víctima.
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la URI, antes del homicidio víctima y victimario habrían sostenido una riña por cuanto el presunto agresor, al parecer, golpeó con su vehículo a varias personas que estaban en la central de abastos.
Labores de policía judicial permitieron establecer que el investigado habría parqueado el carro cerca al lugar y regresó con un arma de fuego con la que habría asesinado a la víctima. Un día después del crimen el investigado se entregó a la Fiscalía.
El procesado fue citado en dos oportunidades por la Fiscalía para formulación de imputación de cargos, pero no asistió. Ante la no comparecencia el hombre fue capturado el 5 de julio anterior por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional, en Envigado (Antioquia).
Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.
La defensa del procesado apeló la medida de aseguramiento intramuros dispuesta por el juez de garantías.
La Fiscalía habla con resultados
LFML/MAGA/DR/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
