Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Alexander Valencia Peña, alias Diego Rosario, presunto cabecilla del grupo delincuencial La Veracruz, que delinque en la Comuna 10 de Medellín (Antioquia).

Valencia Peña fue capturado por la Policía Nacional en el barrio El Poblado y fue imputado por el delito de concierto para delinquir agravado, en calidad de cabecilla, por 22 eventos de extorsión en los que estaría involucrado. El cargo no fue aceptado.

Este grupo criminal se  dedicaría a las extorsiones a  trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, establecimientos de comercio y hoteles en los sectores de La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado, y San Benito.  Además, del tráfico local de estupefacientes como fuente de financiación de la red delincuencial.

Se evidenció que este hombre haría parte desde 2022 de este grupo y se encargaría de coordinar los cobros extorsivos, los desplazamientos forzados y dar la orden para las intimidaciones  a los ciudadanos.

De acuerdo con la investigación, el 30 de noviembre de 2023, en el sector Parque Botero, fue abordado un comerciante  y constreñido por varios hombres, quienes se identificaron como integrantes de ‘La Veracruz’, exigiendo una suma de dinero y cuotas semanales,  a cambio de no atentar contra su vida y la de sus trabajadores o hurtar en el negocio.

Las exigencias económicas se habrían extendido hasta octubre de 2024, tiempo en el cual la víctima pago 50.000 pesos quincenales.

La Fiscalía ha logrado la judicialización de 15 integrantes de la mencionada estructura criminal.

 

NAMT/GAV/LMFO/AMCJ/DSM

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.