El imputado haría exigencias económicas que superaban los 20 millones de pesos a un parcelero de zona rural de Montería a cambio de devolverle el terreno y permitirle el ingreso a la zona.
El material probatorio presentado por un fiscal Gaula de la seccional Córdoba fue determinante para que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramural a Deimer Enrique Feria Pérez, alias Javier o El Negro, señalado de incurrir en el delito de extorsión agravada en el grado de tentativa.
Según la investigación, entre octubre de 2021 y mediados de 2022, ‘El Negro’ en coautoría con presuntos integrantes del Clan del Golfo habría realizado exigencias económicas ilegales al propietario de una finca ubicada en el corregimiento de Nueva Lucía de Montería (Córdoba).
Labores de policía judicial evidenciaron que las intimidaciones eran hechas a nombre de la subestructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo. Al parecer, el procesado, además de haber amenazado de muerte a la víctima, la conminaba para que asistiera a reuniones en zona rural de Tierralta (Córdoba), donde debía reunirse con presuntos integrantes de la organización criminal.
Los pagos que le decían, debía realizar, rondaban los 20 millones de pesos, para de esa manera devolverle el lote de un familiar, presuntamente invadido por un tercero.
Al procesado, quien fue capturado por servidores del cuerpo técnico de investigación (CTI) en cumplimiento de una orden judicial, el 17 de enero pasado en la vereda Los Volcanes de Tierralta, le fueron incautados dos celulares.
VHGB/MAGA/LHGM/DSC
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
