Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los patrulleros de le policía Luis Carlos Jaimes Contreras, Óscar Eduardo Rodríguez Bedoya, Rubén Darío Romero Mosquera y Jader Mosquera Guerrero, como presuntos responsables de peculado por apropiación, concusión y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos habrían ocurrido en el barrio Sevilla de Medellín (Antioquia), la noche del 20 de agosto de 2022, cuando los uniformados, al parecer, retuvieron a un joven de 17 años y le exigieron la suma de 4 millones de pesos, a cambio de no judicializarlo por el supuesto hurto de la motocicleta en la que se movilizaba.

Los elementos materiales de prueba permitieron establecer que el menor fue conducido hasta la estación de policía del barrio Aranjuez y no a la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), como establecen los protocolos para los menores aprehendidos.

Se evidenció además que, ante la negativa del adolescente de entregar el dinero, los policiales lo dejaron en libertad con el compromiso de traer la suma exigida. Para garantizar el pago de exigencia ilícita, los patrulleros lo habrían despojado de la moto, un celular y un reloj, todos los elementos valorados en la suma de $ 21 350 000.

Los defensores de Rodríguez Bedoya y Mosquera Guerrero apelaron la decisión ante la segunda instancia.

La Fiscalía habla con resultados

 

LFLM/ MG/JD/YMAS/DSM

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.