El uniformado le habría solicitado dinero a un subintendente de la misma institución para lograr la devolución de una camioneta que le habían hurtado.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra del patrullero activo de la Policía Nacional, Efraín Yesid Durango Heredia, como presunto autor del delito concusión.
Según la investigación, entre el 21 y el 23 de abril de este año, el procesado le habría exigido la suma de 8 millones de pesos a un subintendente de misma institución, a cambio de lograr que le devolvieran una camioneta de su propiedad que le había sido hurtada.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que el uniformado se habría reunido con los presuntos responsables del hurto del automotor, para coordinar con ellos el sitio donde la víctima debía entregar el dinero.
El 21 de abril de este año, en el barrio Chambú de la capital de Nariño, agentes de la Sijin de la Policía Nacional capturaron a las dos personas presuntamente vinculadas con el hurto, cuando pretendían recibir el dinero producto de la exigencia económica ilegal. En la acción fue recuperado el vehículo hurtado.
Por su parte, Durango Heredia fue capturado por orden judicial en la estación de policía donde prestaba sus servicios.
El uniformado no aceptó los cargos imputados durante las audiencias preliminares.
Los dos presuntos responsables del hurto de la camioneta fueron imputados y enviados a la cárcel por los delitos de extorsión y receptación.
La Fiscalía habla con resultados
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
