La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal local fue suficiente para que un juez penal La Unión cobijara con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a la pareja integrada por María del Carmen Sánchez Mesa y Dagnober Ramírez Cardozo.

Sánchez Mesa y Ramírez Cardozo fueron imputados con cargos como presuntos coautores responsables del delito de hurto agravado.

Los hechos por los que la pareja fue judicializada ocurrieron el 5 de enero de 2023 en el barrio Eduardo Santos de este municipio nariñense, cuando el hombre y la mujer abordaron a un ciudadano para hurtarle el teléfono celular y emprendieron la fuga.

El mismo procedimiento fue empleado con una habitante del sector, quien aseguró que María del Carmen Sánchez le habría sacado su móvil del bolso que cargaba, mientras era distraído por Ramìrez Cardozo.

Alertados por los hurtos, una patrulla motorizada de la Policía llegó hasta el lugar donde varios vecinos señalaron a la pareja como presuntos responsables de los robos a los transeúntes del barrio Eduardo Santos.

Uno de los dos teléfonos celulares fue recuperado por los uniformados, quienes les leyeron al hombre y a la mujer los derechos del capturado, siendo trasladados a la URI de la Fiscalía donde fueron indagados por un fiscal local.

Durante las audiencias concentradas, la pareja no se allanó a los cargos imputados por el ente investigador.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados .

JGP/LYBT/CA/DSN

Le puede interesar: Fiscalía logró medida de aseguramiento a una pareja señalada por hurto de celulares en Nariño

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.