Un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima judicializó a José Pareja Díaz y Libia Catalina Raigosa Gallego, por ser presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes en Ibagué (Tolima).

De acuerdo con la investigación realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), estas dos personas harían parte de una red criminal dedicada a almacenar, dosificar y comercializar marihuana, cocaína, drogas sintéticas y anfetaminas en la capital tolimense.

Durante el desarrollo de tres diligencias de allanamiento y registro en el casco urbano de Ibagué y el corregimiento de San Bernardo, servidores del CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de estos dos ciudadanos.

Además, se les incautaron armas de fuego, municiones y más de dos kilogramos de estupefacientes.

en la imagen se ve una pareja detenida bajo custodia de integrantes del CTI de la Fiscalía, Ejército y Policía. Detrás suyo un backing institucional.
La pareja fue detenida durante diligencias de registro y allanamiento en Ibagué y su zona rural. Se les encontró gran cantidad de estupefacientes, así como armas de fuego y municiones.

La Fiscalía les formuló imputación por los delitos de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a los que no se allanaron.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Esta información se hace pública por razones de interés general.

 

 

PAAM/LMFO/CFG/MCAA/DST

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.