Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión a Álvaro José Soto Pacheco, de 33 años, y a su pareja sentimental, Deisy Johana Gómez Ocampo, de 30. Las dos personas son investigadas como posibles responsables de los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

 En la imagen aparecen un hombre y una mujer en medio de dos uniformados de la Policía Nacioanal.
Presuntos responsable del homicidio de un comerciante en Medellín.

Según la investigación, adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, Soto Pacheco y Gómez Ocampo serían responsables del asesinato de un comerciante, ocurrido el pasado 12 de septiembre en el occidente de Medellín.

Al parecer, el día de los hechos la mujer llevó con engaños a la víctima hasta un apartamento del barrio San Germán. En el lugar el hombre fue atacado con un arma de fuego. Después del homicidio, el cuerpo del comerciante fue trasladado en su propio vehículo a un sector despoblado del corregimiento San Cristóbal.

Información en poder de la Fiscalía evidenciaría que la víctima fue despojada de un reloj, un celular de alta gama y varias joyas. El valor de las pertenencias hurtadas superaría los 12 millones de pesos.

Tres días después del crimen el cuerpo fue hallado amarrado de pies y manos, en bolsas. La captura de los dos investigados estuvo a cargo de la Sijin de la Policía Nacional.

Ninguno de los cargos imputados fue aceptado por los procesados.

 

 

 

 

 

LFML/JEA/DSM/LMFO/MAGA

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.