Por estos mismos hechos fue judicializado Dilan Rodríguez Gómez, capturado por el CTI el pasado 7 de febrero.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Sepúlveda López, presuntamente, responsable del homicidio de un integrante de la comunidad LGTBI de 46 años.
La investigación por estos hechos inició el pasado 11 de enero cuando fue encontrado en un apartamento del barrio La Castellana de Medellín, el cuerpo sin vida de la víctima con varias lesiones en el rostro y atado con un cinturón. Según del dictamen forense esta persona habría fallecido por estrangulamiento.
Labores de policía judicial permitieron establecer que el 10 de enero, un día antes del crimen, dos adultos y un menor llegaron al inmueble. Poco después, al parecer, los visitantes habrían permitido el ingreso de una tercera persona y que dos horas después los tres hombres salieron, presuntamente, cargando bolsas con objetos hurtados.
Sepúlveda López, quien estaba prestando el servicio militar, fue capturado este lunes, 9 de mayo, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional y no se allanó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad, uso de menores para la comisión de delitos y hurto calificado y agravado.
Por estos mismos hechos y delitos le fue impuesta medida de aseguramiento intramuros a Dilan Rodríguez Gómez, capturado por el CTI el pasado 7 de febrero.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/DA/DSM/MAGA/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
