La Fiscalía logró demostrar que una de las irregularidades se habría registrado el 24 de diciembre del 2022.
La Fiscalía General de la Nación, logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ana María Palacio Tibacui, presuntamente responsable del delito de hurto agravado por la confianza.
De acuerdo a la información recolectada en desarrollo de la investigación, la mujer, quien había sido contratada como auxiliar contable de una empresa de suministros hidráulicos con sede en Bosconia (Cesar), al parecer, de manera recurrente, habría desviado recursos que de debían ser destinados para el pago de obligaciones tributarias con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La Fiscalía logró demostrar que una de las irregularidades se habría registrado el 24 de diciembre del 2022, las demás estarían soportadas en la falsificación de comprobantes de las supuestas transacciones bancarias, correos electrónicos ficticios, los que alcanzaron la cifra de 60 millones de pesos.
Otra de las irregularidades encontradas, tiene que ver con el extravío de los recursos destinados para el pago de una compra a un proveedor por valor de 1.740.000 mil pesos, transacción que también pretendió ser soportada con un documento falsificado.
La captura de la mujer estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y de uniformados de La Policía Nacional.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/AGG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
