Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Fernando Cuesta Congote, alias Juan Chope, señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial de Crimen Organizado Clan del Golfo. La Fiscalía Seccional Chocó le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego.
De acuerdo con las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos por los cuales es señalado ocurrieron el pasado 3 de febrero de 2024 en el barrio El Reposo de Quibdó (Chocó), cuando el hoy procesado presuntamente llegó junto a cuatro personas más y, al parecer, habrían disparado contra unas personas que se encontraban en la cancha de fútbol del barrio, señaladas de pertenecer al grupo delincuencial denominado Los Rapados.
En medio de las balas, al parecer el hijo de una mujer identificada como Rosa Yomaira Mosquera Perea habría intentado huir hacia su casa y fue allí cuando la mujer fue alcanzada por impactos que acabaron con su vida.
Se tiene que Cuesta Congote salió ese 3 de febrero a las 5:00 de la tarde de la cárcel donde se encontraba recluido por el delito de homicidio. Los hechos ocurrieron ese día a las 10:00 de la noche.
La madre del detenido fue quien colaboró con las autoridades para que se efectuara la captura de Cuesta Congote.
Al parecer, estas retaliaciones se darían como ajustes de cuentas entre bandas criminales que delinquen en Quibdó.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados
JLH/DSCH/LYBT/JFV
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
