Se pudo establecer que, al parecer, el hombre habría accedido a la menor en más de una ocasión, además, la amenazaba, que, si decía algo, la iba a agredir y le quitaría la vivienda donde sus padres vivían.   

La Fiscalía General de la Nación, obtuvo medida privativa de la libertad en centro carcelario en contra de un hombre de 35 años perteneciente a la etnia Arhuaca, que, al parecer, sería responsable de acceder sexualmente a su sobrina menor de edad.

Los hechos investigados fueron dados a conocer por la madre de la menor pasado 31 de marzo, cuando en medio de un ritual de la etnia y tras algunos quebrantos de salud presentados por la víctima, esta confesó a la autoridad tradicional (Mamo), los vejámenes sexuales a los que habrían sido sometida por su familiar.

Asegura, que el agresor, valiéndose de su cercanía familiar, en una ocasión aprovecho que la menor habría quedado a su cuidado logró llevarla a una zona despoblada de la finca, donde le hablaba sobre temas sexuales.

De igual forma se pudo establecer que, al parecer, el hombre habría accedido a la menor en más de una ocasión durante los años 2018 al 2022, amenazándola, que, si decía algo, la agredía a ella o a su hermano y dejaba a sus padres sin vivienda.

Uniformados de la Policía y el Ejercito Nacional materializaron la captura del investigado en un sector del barrio el Centro de Pueblo Bello (Cesar).

El hombre, quien no acepto los cargos, fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

EDH/FAGH/AGG/DSC

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.